Inmigrar a nuestro país de forma irregular puede ser una pesadilla. Cubanos y dominicanos arriesgan su vida al entrar por la frontera y, una vez dentro, pasan meses hasta que obtienen la cédula y pueden trabajar. Organizados y junto a activistas, le exigen al Estado que reaccione.
Edy Rodríguez respira hondo, mira hacia arriba, resopla; hace su mayor esfuerzo para no llorar frente a un grupo de activistas y de representantes del gobierno que discuten los problemas de acceso a los derechos que están teniendo cientos de inmigrantes que llegan a nuestro país, es decir, los problemas que a él no lo están dejando dormir desde hace semanas, que lo tienen destrozado emocionalmente.
Entre los cubanos que vienen sin la visa, o sea, de forma irregular, la suya es historia repetida. Tiene 33 años. Llegó hace tres meses tras una travesía de siete días en los que viajó de La Habana a Guyana —el único país junto a Rusia que no le exige visa a Cuba— y desde allí atravesó el continente a pie, en ómnibus y en taxi, esquivando la red de traficantes de personas que organiza esta ruta. Esta es la única forma de ingresar por la frontera con Brasil sin presentar el documento oficial que autoriza la entrada.
Llegó por Rivera. Solicitó refugio, pero la agenda del Ministerio de Relaciones Exteriores está sobrecargada y aún falta un mes para que tenga la primera entrevista y así comenzar a tramitar la residencia. Hasta ese momento estará sin cédula, y sin el documento no consigue trabajo. Los ahorros se le terminaron y no puede pagar el apartamento que alquila junto a su esposa y otras seis personas. Duermen cuatro en una misma habitación.
El boca a boca en Cuba asegura que Montevideo es la nueva Miami. Integrantes de la misma red que les cobran un mínimo de US$ 400 para guiarlos hacia el sur, les dicen que en este país se vive como reyes y en un solo año harán más dinero que en toda su vida en la isla. Nadie les advierte que sin visa deberán esperar hasta seis meses por la cédula. Muchos vienen sin saber siquiera que tenemos cuatro estaciones. Cargan lo que cabe en una mochila y unos pocos dólares que se les escurren pagando pensiones con pisos agujereados por donde se ven pasar ratones, cuenta Edy.
No aguanta más. Ahogado por las lágrimas, se sostiene el pecho y dice: "Es un peso insoportable haber tomado la decisión de irme para estar viviendo así". Le pido que me hable de su esposa. Su angustia es tan grande que no es capaz de describir cuál es el color de su pelo.
Abrir una puerta.
Al igual que otros inmigrantes, Edy consultó abogados por su situación. Sucede que el Banco de Previsión Social permite trabajar hasta seis meses presentando el pasaporte, pero el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no comparte esta disposición, así que podría multar al empleador y son pocos los que corren el riesgo. Una empresa interesada en sumarlo a su plantilla redactó una carta para que presentara en el Ministerio de Relaciones Exteriores y así agilizar la entrevista, pero no tuvo suerte. Los abogados tampoco encontraron una salida.
Con todas las puertas cerradas, se jugó la última carta y fue al encuentro "Diálogos sobre movilidad humana", organizado por académicos de Idas y vueltas, la asociación que está funcionando como un hogar para los inmigrantes. La conferencia anunciaba la presencia del embajador Jorge Muiño, director de Asuntos Consulares y Vinculación. Allí se informó que el Estado trabaja en un decreto que diversificará el tipo de visas. Hasta el momento, Uruguay únicamente otorga la visa de turista. En la región, les exige este documento a cubanos, dominicanos y haitianos, por eso los dos primeros ingresan de forma irregular.
Edy se acercó a Muiño, el embajador lo escuchó, anotó su número de teléfono y le dijo que estudiarían su caso.
Para quienes reciben cada semana a inmigrantes irregulares, esta situación es una bomba de tiempo. Cubanos, dominicanos y venezolanos armaron sus propias asociaciones para ayudarse entre sí, pero no es suficiente. La antropóloga Pilar Uriarte, directora del Núcleo de Estudios Migratorios y Movimiento de Población de la Udelar, resume lo que piensan todos: "El Estado no tiene un espacio que piense, dialogue y vincule con la población inmigrante, que cada vez está en situaciones más complejas". La sentencia que se repite es dura: su forma de abarcar el problema es ineficiente. Nadie, a excepción de las organizaciones civiles, acompaña a los inmigrantes los primeros días en el país. Los más severos dicen que el discurso de puertas abiertas que se promueve es hipócrita.
En la mesa de Diálogos, cuando tuvo la palabra, Muiño levantó la voz para decir que "hay mucho para trabajar", pero que tampoco hay que concentrase en lo "micro", es decir, en los casos excepcionales, e ignorar "lo mucho que sí se ha hecho". Recordó que Uruguay tiene una ley migratoria sin igual en la región, que entregó 34.400 residencias en la última década y que es el único país que no deporta a quienes ingresan de forma irregular. "¿Qué otro país en el mundo entrega una cédula antes de la residencia?", cuestionó.
Aseguró que los cinco organismos que coordinan entrevistas con inmigrantes atienden cada día a unas 100 personas, y se estudian todos los casos de forma particular. El problema, explica, es que "dábamos 3.000 residencias por año y ahora entregamos más de 12.000". El aluvión de inmigrantes tomó por sorpresa al Estado. Esta es una excusa que Rinche Roodenburg, fundadora de Idas y vueltas, el hada madrina de los migrantes que pasan por nuestro país, ya se cansó de escuchar. "No existe una política pública sobre movilidad humana. Se nos ha dicho varias veces que están trabajando en el diseño de una, pero el tiempo pasa y nada", alega.
Mientras tanto, son estas organizaciones las que les dan alimento, ropa, atención médica y, si pueden, les consiguen alojamiento, trabajo y las cartas de invitación necesarias para concretar la reunificación familiar de cubanos y dominicanos.
Valeria España, abogada nacida en México que dirige el Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos (CDH), opina que "una política migratoria no se construye atendiendo caso a caso ni de organización civil en organización civil". Sin embargo cree que, si quisiera, nuestro país podría tener la mejor política migratoria del mundo. ¿Por qué? "La normativa es clara y la voluntad política es insuficiente pero bien intencionada. En países como Argentina y Chile se criminaliza la irregularidad migratoria, acá no. Ya tenemos el camino más difícil andado, ahora falta consolidar espacios para que realmente los inmigrantes accedan a los derechos que les da la ley".
Con el brazo en alto, sacudiendo un ejemplar de una guía de apoyo al inmigrante, Muiño dijo: "Esto se llama migración ordenada". Allí están explicados todos los pasos que hay que dar para obtener la visa, la residencia o pedir asilo como refugiado, un trámite que puede demorar un año y que no conlleva beneficios, a no ser que esté enmarcado en un programa especial, como es el caso de los sirios. También están detallados los derechos que se les prometen a los extranjeros: los mismos que tienen los uruguayos. "Acá no existe la ilegalidad. Acá el irregular es igual al regular", insistió Muiño.
Sin embargo, la exigencia de la visa para cubanos, dominicanos y haitianos, las penurias que pasan aquellos que ingresan de forma regular o irregular mientras no se les entrega la cédula, y la violencia que viven en las pensiones para resolver su situación habitacional, provoca que algunos de estos nuevos orientales consideren que para el Estado uruguayo hay inmigrantes de primera y de segunda. Entre los que se sienten de segunda, cada vez son más los que retornan a su país.
Por la frontera.
Yoendris Lastre se pone de pie, acomoda su postura de manera de lucir sus zapatos nuevos y recién lustrados, y agradece a las autoridades lo que han hecho por el pueblo cubano. Sin embargo, les pide que se elimine la exigencia de la visa, porque ellos llegan igual "poniendo su vida en peligro para ingresar por la frontera".
Yoendris está sin dormir. Trabajó toda la noche como guardia de seguridad en los pasillos desiertos de un shopping. Tiene una maestría en Psicopedagogía, una carrera que requiere siete años de estudio, pero no se queja. Ayer por la mañana el sueño tampoco le impidió cumplir con su compromiso de cada miércoles: participa de las reuniones de Idas y vueltas en las que escucha a los inmigrantes recién llegados y los orienta en cómo hacer los trámites.
Cada semana llegan al menos 25 personas nuevas. Para los cubanos y los dominicanos que vienen sin la autorización de entrada, la noticia de que la espera por el documento es larga siempre es un drama. Yoendris se consuela pensando que, al menos, apoyarlos es una forma de no perder su vocación.
Su historia es como encontrar una aguja en un pajar. Llegó con visa y por avión, pero el sueño le costó caro. Entre los requisitos de este documento, a los cubanos se les exige una cuenta bancaria de un mínimo de seis meses con US$ 5.000. Además se les pide que demuestren que tendrán medios de vida en Uruguay (al igual que a los dominicanos). En Cuba, el salario mínimo es de US$ 9. Yoendris consiguió el dinero prestado y se lo entregó a un grupo de cubanos y uruguayos que le aseguraron que al llegar tendría alojamiento, comida, seguridad social y un trabajo en la Universidad de la República.
Cuando bajó del avión no había nadie esperándolo y el número de contacto que le habían dado para emergencias era falso. Se acuerda del terror que sintió esa madrugada en la sala de espera del aeropuerto, con temor a ser deportado si pedía ayuda, y aprieta los ojos como si quisiera borrar ese recuerdo. "Los cubanos ya no soñamos con ir a los Estados Unidos, ahora soñamos con Uruguay", dice.
Karla Mateluna, nacida en Chile y encargada de la sucursal de Idas y vueltas en el Chuy, coincide con este relato. Se presenta como la única persona que les da la bienvenida a los que ingresan por la frontera de Rivera, Artigas, Chuy o Yaguarón (Río Branco). En el Chuy no funciona el Ministerio de Desarrollo Social, dice. Los vecinos hospedan a quienes arriban con los bolsillos vacíos, y juntan dinero para pagarles las consultas médicas, las vacunas y el carné de salud. En el hospital "no los atienden sin cédula a no ser que sea una emergencia".
A la espera de que llegue su turno en Migraciones, un grupo de cubanos acampa en la orilla de un arroyo. En el Chuy llegó a haber 150 cubanos en la sala de espera del Consulado. "Los cónsules se están llevando trabajo a sus casas porque están desbordados", dice.
Además, llegan dominicanos y venezolanos. Los venezolanos no necesitan visa. Como su país es miembro del Mercosur, en una semana reciben la cédula y en menos de un mes la residencia, pero en el viaje de ida son quienes menos dinero traen y por eso muchos llegan a pie haciendo la misma ruta que los otros inmigrantes indocumentados.
Ángel Galíndez preside la Asociación de Venezolanos en Uruguay, es abogado y dictaba clases de proceso penal en su país. Ahora trabaja como guardia de seguridad y dice que además del drama de la vivienda, se les sumó que llegan con la documentación incompleta para la residencia y para certificar estudios. "El tema de las coimas aumentó muchísimo en Venezuela. Si esperas, la demora es de hasta seis meses por trámite. Nuestro salario mínimo es de US$ 6 y los funcionarios están pidiendo US$ 100 o más para hacerlo más rápido".
El recibimiento cada vez exige una mayor respuesta por parte del Estado.
De segunda.
Decenas de inmigrantes hacen fila en la puerta de la ONG Manos Veneguayas. Allí, un grupo de mujeres liderado por Alicia Pantoja reúne donaciones de ropa, juguetes y artículos de todo tipo y los distribuyen entre su comunidad. Esta vez, en la fila están Santa, su hijo Maikel y tres niños hijos de una amiga: todos dominicanos.
Santa vive en el barrio Borro, en un asentamiento junto a otras 25 familias de su país. Maikel lleva un gorro para tapar la cicatriz que le hicieron allí al quitarle el celular en una rapiña. A Santa también la robaron: el ladrón entró a su casa y le sacó el teléfono de las manos.
De los caribeños, la comunidad dominicana llega con un menor nivel de formación. A ellos les tocan los peores trabajos. Esta semana, una familia visitó el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho. La familia no pudo pagar el alto costo que piden las pensiones —que según informa la Intendencia de Montevideo varía entre $ 4.000 y $ 8.000 por persona— y terminó en la calle, como tantos otros inmigrantes. Como pernoctar en la vía pública constituye una falta, la Policía los detuvo. La familia ocupó una finca abandonada y el propietario realizó la denuncia penal por usurpación. El fiscal les dio 20 días para desalojar el lugar. "Si los procesan tendrán un antecedente penal, y con antecedentes no les dan la residencia", plantea el abogado y docente Juan Ceretta.
Su plan es, primero, solicitarle al Ministerio de Vivienda una garantía de alquiler o una vivienda para la familia. Y si esto no funciona, presentar una acción de amparo. El año pasado, el Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos tuvo un caso similar con una familia de refugiados angoleños. El abogado de este ministerio se opuso a la solicitud diciendo: "Nunca el Estado ha satisfecho la necesidad de vivienda de su población, menos aún ahora podrá afrontar este proceso de inmigración incontrolado". El amparo se negó.
Roberto Soria, vinculado a la representación de esta familia, cree que con la vivienda podría pasar lo mismo que con el acceso a los medicamentos de alto costo: "Una vez que las acciones de amparo se multiplican los jueces empiezan a leer el fenómeno en clave de derechos".
La asistencia legal también se brinda a madres dominicanas que, debido al bajo ingreso que consiguen en nuestro país, envían a sus hijos nacidos aquí a ser criados por sus familiares, y luego estos no se los quieren devolver. También hay situaciones en las que la reunificación familiar —que el artículo 10 de la ley migratoria contempla— no se cumple.
Aura Mercado, presidenta de la Asociación de Dominicanos, llegó en 2014, antes de que el Estado fijara la visa para ordenar el flujo migratorio de esta comunidad. Por eso no pudo traer a sus tres hijos como tenía previsto. No los vio durante cuatro años. "En Uruguay no existe la clasificación de visa", plantea. Solo hay una, de turista, y permite la permanencia por 90 días.
Para traer a un familiar, además de la visa, se exige una carta de invitación que debe ser redactada por un ciudadano uruguayo. Aura cuenta que esto provocó un mercado negro que cobraba hasta $ 8.000 por el documento. Idas y vueltas solucionó el problema reuniendo a un grupo de voluntarios dispuestos a hacerse responsables por los dominicanos invitados. Así fue como ella puedo traer a sus hijos.
En la primera jornada de Diálogos, Aura se sentó en primera fila. Cuando Rosita Angelo, la directora de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, dijo que no hay "ni un solo niño inmigrante sin lugar en la educación pública", Aura la interrumpió: "Hay", le dijo. Su hijo es uno de ellos. Luego de recorrer liceos y oficinas para que le aceptaran las fotocopias de la escolaridad, cuando finalmente obtuvo el certificado para que ingresara, ya no había cupos disponibles. El hijo de Santa tampoco pudo estudiar: le dijeron que no podía ingresar al liceo sin cédula.
Luego de este entredicho, Muiño anunció que dos funcionarios de Migración atenderán en la Comisión de Refugiados para acortar la demora. Y Myriam Coitinho, la directora Nacional de Migración, comunicó que en unos meses habrá "distintos tipos de visa para ingresar al país". Habrá visa de trabajo, de estudio, de reunificación familiar. "Esto nos va a permitir ordenar el flujo y limitar el abuso de gente sin escrúpulos", comunicó. En este momento se están definiendo los requisitos para obtenerlas.
Aura, con su gracia caribeña, se puso de pie y pidió un aplauso. Muiño sonrió ante su audacia. Rinche Roodenburg, de Idas y vueltas, no parecía estar muy entusiasmada. Le pregunto si las visas no son una buena noticia. Me dice que lo mismo les dijeron el año pasado.
Pensiones en peor estado están “afuera del mapa”
Para obtener la garantía de alquiler que otorga el Ministerio de Vivienda, hacen falta tres meses de antigüedad laboral y la cédula. Por esta razón, casi ningún inmigrante se salva de dormir temporalmente en una pensión. Según informa la Intendencia de Montevideo (IM), es habitual que cobren entre $ 4.000 y 8.000 por persona. Quienes no llegan a reunir el dinero duermen en refugios del Mides o en la calle.
La mayoría de las pensiones abusan de sus usuarios, que han denunciado hacinamiento, mala higiene y estafas. Yoendris Lastre es uno de los cubanos que pagó y sin explicación fue expulsado del local.
La IM firmó un convenio con el Núcleo de Estudios Migratorios y Movimientos de Población para que releve cuáles son las pensiones irregulares -ya que en su mayoría ni siquiera están registradas- y así pensar en cómo modificar la normativa vigente. Para esto, el grupo de estudio entrevistó a inmigrantes. Además de ajustar la normativa, la IM prevé generar “una suerte de pensión en fincas en desuso”, adelantó Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social. “Todavía no está desarrollado el modelo de gestión”, dijo.
